El Pleno que abordó ayer el 'caso de los coches' de forma monográfica atrajo al salón de sesiones a medio centenar de personas, en su mayor parte militantes y simpatizantes de las distintas formaciones políticas participantes. La sesión se cerró con pocas respuestas y sí muchos reproches: de la oposición hacia el equipo de gobierno, en su mayoría, pero también recriminaciones entre los diferentes grupos municipales, que se echaron en cara haber filtrado información y de no haber sido fieles a los acuerdos.

El interventor municipal, Gregorio Piñero, fue el único que pudo despejar alguna incógnita en una densa sesión plenaria, al asegurar que hasta un centenar de vehículos fueron enviados al desguace para su achatarramiento sin culminar los expedientes, lo que implica al menos varias comunicaciones a los propietarios.

El alcalde, Domingo Aranda, abrió la sesión recordando precisamente la convocatoria de la misma, solicitada hace meses por Izquierda Unida y acordada por unanimidad hace una semana. A renglón seguido intervino el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Francisco Jiménez Puerta, quien hizo un relato cronológico de los hechos ocurridos en relación con la enajenación de los vehículos del depósito municipal. Jiménez se refirió incluso al origen del caso, a raíz del escrito presentado por un ciudadano interesándose por unos enseres que había en el interior de su vehículo, retirado de la vía pública. De aquel escrito se ha pasado a un sinfín de expedientes e investigaciones, primero a nivel interno y más tarde también en los juzgados, ya que el PSOE llevó un escrito a la Fiscalía y el Ayuntamiento finalmente trasladó el caso a los juzgados.

Tras Jiménez, fue el turno de la oposición. Miguel Sánchez, por UPyD; Juan Berbell, por IU y Alfonso Sánchez, por el PSOE volvieron a reclamar responsabilidades políticas y a pedir que se conteste a las preguntas que aún están abiertas. Entre ellas la cantidad de vehículos finalmente afectados; si habrá posibilidad de ingresar cantidades por las enajenaciones realizadas durante todos estos años; si hay facturas falsas; si es verdad que algunos coches de la Policía Local han circulado sin seguro y sin pasar la ITV; si hay o no vehículos que tras haber estado en el depósito ahora circulan por las calles de Caravaca; de dónde proceden los vehículos camuflados que utiliza la Policía Local o cuántas multas se han quedado sin cobrar por que han prescrito.

En la segunda intervención, desde UPyD, se pidió la suspensión de empleo y sueldo del jefe de la Policía Local. Por su parte, Berbell (IU) recordó los diferentes informes que se han recabado de las empresas relacionadas con el caso, «algunos de ellos contradictorios». También se refirió al hecho de que algunos agentes de la Policía han pedido asistencia psicológica a raíz del caso y habló de responsabilidades políticas «por omisión». «Nos acusan desde el equipo de Gobierno y esto no es así: son ustedes los responsables y que no han hecho nada», sentenció Berbell. Pedro Vilches, del PP, cerró el turno de intervenciones.

fuente: el pais.es